Reforma a la educación superior - Ley 30

LA PROPUESTA PARA MODIFICAR la Ley 30 que rige a la educación superior desde 1992 fue puesta a discusión este jueves por el Gobierno Nacional.

 La presentación tranquilizó a la comunidad académica, la cual temía que el proyecto fuese presentado al Congreso sin discusión previa. Recelo sin duda justificado, no porque fuera la reforma una farsa, sino porque, al contrario, es ambiciosa y puede llegar a ser el impulso que necesita el país para mejorar sus indicadores, que no dejan de ser preocupantes. La tasa de cobertura es del 34,5% — y eso que incluye, desde la administración de Uribe, los cerca de 170 mil cupos del Sena, no todos con el respaldo de los registros avalados de sus programas—, mientras que, por ejemplo, en Chile la cobertura es de 52,1%, en España de 70,6% y en EE.UU. de 82,9%. La calidad tampoco es la anhelada; para esto basta saber que solamente el 4,5% de los profesores del país tienen estudios de doctorado. Y, finalmente, la deserción anual, cuya principal causa es la dificultad académica de los estudiantes, se mantiene en los dos dígitos: 12,4%.

Para mejorar en estos aspectos, lo dijo bien el presidente Santos, “se necesita plata, y mucha”. En este sentido hay propuestas interesantes. Entre ellas está la de permitir las ganancias privadas en las instituciones de educación superior, actualmente, por legislación, sin ánimo de lucro. El modelo no está probado, pero en Brasil dio resultados y atrajo inversiones que aumentaron la oferta educativa en un 20%. Como toda iniciativa, ésta tiene riesgos y el principal es la calidad. Sin embargo, lo mínimo que podemos esperar del Gobierno, en especial si pretende incentivar la demanda con dineros del Icetex, es que garantice ciertos estándares. Y esta vez sí tiene con qué: a diferencia de la Ley 30, la reforma goza de dientes. De hecho, redefine los criterios para llevar los distintos títulos —institución universitaria, tecnológica, técnica profesional— y tiene cómo poner a muchas en cintura. Aunque hay quienes dudan de la viabilidad política de este punto —hay casos de prestigiosas universidades que no cumplen con el número de profesores de planta, por ejemplo—, sería sin duda un avance.

Políticamente complejo sería también el punto que pide a los estudiantes subsidiados devolver una parte de los dineros públicos una vez entren al mercado laboral y logren cierta cantidad de ingresos. Esta propuesta es valiosa, pues los dineros serían devueltos, en cuotas bastante diferidas, no a las cuentas nacionales, sino directamente a la universidad que se encargó de formarlos, para que ésta tenga un flujo de recursos adicionales para las siguientes generaciones. Qué tanto se deberá devolver será determinado por cada universidad, pero nunca será la totalidad del subsidio del Estado y, en un mal caso que el estudiante no logre incorporarse a la vida laboral, o que no logre ganar lo suficiente, será retirado del mecanismo de solidaridad y por tanto de la deuda. Un verdadero pacto social.

A pesar de las interesantes iniciativas, que vale la pena revisar, éstas serán insuficientes para recaudar los recursos necesarios para generar el conocimiento y las capacidades adecuadas para impulsar el desarrollo del país. Se quedarán cortos también los tres puntos porcentuales de aumento en el presupuesto que anunció el Gobierno para completar en 2019. Dineros que, por lo demás, deben ser estables y no, como se sugiere con la reforma, hacer parte de fondos comunes, en especial si éstos son administrados por instituciones que han salido mal libradas en los índices de transparencia, como Colciencias. Con la nueva reforma, todas las instituciones de educación superior deberán hacer públicos, y en detalle, sus presupuestos, mejorando así el sistema de rendición de cuentas. Qué sucede con el dinero es algo que se podrá ver. Ahora falta pensar cómo conseguir todo lo que falta.

Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas. 

Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos. 

1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas 

Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”. 

El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa.“Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo. 

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice. 

Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades? 

2. Más plata para la universidad pública 
El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro. 

La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad. 

En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. 

3. Se crearán universidades con ánimo de lucro 

Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior. 

Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos. 

Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”. 

Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país”. 

4. Autonomía universitaria 

Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria. 

“Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.